argonmexico.com.-Lo que no vio, es otro mensaje pagado por ...el Senado. A mediados de la gestión presidencial de José López Portillo (1976-1982) y aún en gran parte del mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988), se hizo mucha alharaca respecto a la propuesta oficial de establecer algo que los voceros gubernamentales dieron en llamar "El Derecho a la Información", pero que periodistas denominaron la "Ley Mordaza". Se advertía que esa sería una forma de oficializar el grito lopezportillista: "Yo no pago para que me peguen".

Pero con el proyecto legislador hubo decenas, quizá cientos de foros, congresos, seminarios y toda una serie de eventos relativos. Por todo el país se realizaron encuentros donde se invitó a participar a funcionarios públicos, políticos, legisladores, dueños o representantes de medios de comunicación (sobre todo de la entonces influyente prensa escrita), analistas y uno que otro reportero o fotógrafo.

Con los documentos y análisis presentados en ese tiempo, se llenaron las miles de páginas con que se completaron libros y colecciones enteras de gruesos tomos. Y quienes aparecían en los índices, por haber pronunciado o colaborado con alguna propuesta o comentario, llevaban presuntuosos las ediciones de uno a otro lado como quien carga oro molido.

Muchos de ellos sentían haber alcanzado algo más significativo que el premio Poulitzer en versión mexicana. Sin embargo, al paso del tiempo, todo ese trabajo se fue a la basura, o cuando más, terminó arrinconado en algún librero de biblioteca particular.

Ahora, sin decir ni agua va, diputados y senadores a la LX Legislatura se dispusieron a realizar una nueva Reforma Política entre cuyos temas centrales se incluyó a lo que se entiende como la regulación de los anuncios y promocionales oficiales y partidistas en los medios de comunicación.

Sin atender la opinión expresada en alguna de sus reuniones a no más de cinco conductores de programas noticiosos televisivos. Sin consultar tampoco a quienes ejercen el periodismo como profesión y única labor de vida, los legisladores elaboraron, dictaminaron y aprobaron una serie de reglas y marco jurídico para la contratación de publicidad por parte del sector oficial y de los partidos políticos.

Nadie puede negar la urgente necesidad que ya tenía el país de que se regulara la contratación de espacios en los medios de comunicación, cuyo objetivo principal consiste en la difusión de mensajes y campañas promocionales de alguno de los tres poderes que conforman al Estado mexicano.

No obstante, se sabe que quienes elaboran tales iniciativas y demás documentación relativa para preparar y dar paso al proceso legislativo, parece no han sido los más idóneos para ello. Ello ha desencadenado una serie de dudas e indefiniciones de parte de la autoridad al desconocer los esquemas y acciones que han de seguir para respetar tales medidas.

Pese a todo ello, ayer se supo que en el Senado de la República ya se estudia la creación de la "Ley de Propaganda y Publicidad Gubernamental".

Con esta legislación, que forma parte de la ley secundaria de la Reforma Electoral y va dirigida a los funcionarios de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; como a todas las entidades de la administración pública federal, los senadores se proponen "evitar que los servidores públicos contraten propaganda para su promoción personal", y que ésta sólo sea "institucional, con fines informativos, educativos y de orientación social".

De acuerdo a la información remitida a este columnista, el sector oficial federal tendría la obligación de publicar en forma íntegra los contratos de publicidad en sus respectivos portales de Internet, para ponerlos a disposición de la ciudadanía.

Asimismo, la iniciativa que se prepara en torno a la "Ley de Propaganda y Publicidad Gubernamental" incluye la creación de una Comisión Intersecretarial que aprobará los Programas Anuales de Propaganda y Publicidad que contraten los tres poderes. Y de nueva cuenta, los legisladores han ignorado la opinión de quienes cumplen lo que los del gremio llamamos la "talacha" periodística.

El recuento de los daños en la Casa Abierta al Tiempo ...que no volverá. Luego de esos largos 64 días de huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, el Sindicato (cinicato) Independiente de Trabajadores (SITUAM) terminó por aceptar la propuesta original de 4.25 por ciento de aumento al salario y 1.2 en prestaciones. Mismo porcentaje que les ofreció la Rectoría General desde que iniciaron las negociaciones.

Ahora, a poco más de dos meses de la imposición de las banderas rojinegras, aunque no laboraron formalmente, los trabajadores sólo podrán cobrar la mitad de su sueldo; es decir, tras la huelga, la autoridad de la UAM se ahorró el 50 por ciento de lo que hubiera erogado en salarios de los empleados sindicalizados, que no de funcionarios y personal de confianza quienes sí recibirán su pago completo.

Pero el sector que más perdió con la huelga es el estudiantil. No habrá forma real de que recuperen el tiempo aunque los maestros los aprobaran a todos con seis o siete general. Los que sí ganaron con el singular movimiento son los dueños de universidades privadas quienes de inmediato han empezado a recibir y revalidar estudios a muchos de los que ahora son exalumnos de la UAM. Pese a todo, el SITUAM ya se prepara a celebrar con otra marcha el 1 de mayo. Vaya "cinicato"... Hasta la próxima y gracias por sus comentarios y quejas: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla y Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla