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 Por Jaime Arizmendi
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Desparecerá el CAPFCE, ¿y lo Gastado en la Megabiblioteca?
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Esperaremos a Conocer los Reportes de la ASF
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¿Estará en Puerta un Desafuero para Marcelo?
argonmexico.com.—El que se va, se va; y el que no, pues no… Ayer, mientras el director general del feneciente Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), Eduardo Bravo Esqueda, se ufanaba ante los empleados de que continuará en el mando del organismo “hasta que el presidente Calderón quiera”, en el Senado de la República, el panista Ricardo Torres Origel se refería a la transformación que sufrirá la dependencia en Instituto Nacional de la infraestructura Física Educativa, como marca la Ley de la Infraestructura Física Educativa, aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado.
Vale recordar que el guanajuatense Torres Origel, tuvo a su cargo la titularidad del CAPFCE antes de salir en busca del escaño que ocupa en la actual LX Legislatura, y se dice que por el intento de mantener cierto control sobre el organismo, sostuvo un intenso escarceo declarativo y de misivas en contra de la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota en el inicio del gobierno calderonista.Durante una rueda de prensa ofrecida en el Senado, dijo que la nueva ley, que él mismo presentó el 7 de noviembre de 2006, prevé la transformación del CAPFCE en el INIFE, “con lo cual se podrán edificar escuelas de calidad en el país. “A partir de que entre en vigor la ley, los distintos niveles de gobierno, así como el Congreso federal y los estatales estarán obligados a tener una mejor distribución y aplicación de los recursos”, expuso don Ricardo como si en sus más de 63 años de existencia, nada se hubiera realizado en ese sector.Y aunque para nada hizo referencia a los multimillonarios recursos destinados precisamente durante su gestión en el CAPFCE para la construcción de la megaobra cultural del sexenio de su amigo Vicente Fox, es decir la controvertida biblioteca “José Vasconcelos”, rememoró que las autoridades estatales tendrán 6 meses para instituir los cambios, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.Lo que sí sostuvo fue que de acuerdo a un estudio realizado por el CAPFCE hace 5 años (precisamente cuando él era el director general), para rehabilitar las escuelas en el territorio mexicano se necesitan 64 mil millones de pesos; y que uno de los problemas de la educación en el país es la falta de planeación, misma que por años estuvo sujeta a la presión social y política. Y remarcó su posición: “Creo que la planeación para la construcción de escuelas no debe estar sujeta a este tipo de circunstancias, sino a las cuestiones de orden técnico”.A partir de esta declaración, los periodistas debemos indagar, aparte de organizar reuniones y comidas con todo el personal y pagadas con el presupuesto capfciano para recibir con bombo y platillo a Juan Carlos Romero Hicks, entonces gobernador de su entidad de residencia, Guanajuato quien es ahora el responsable del Conacyt, qué acciones efectuó el organismo en materia de construcción de escuelas, sobre todo cuando se sabe que vivió un proceso descentralizador hace más de una década. Pero estaremos pendientes de las auditorías de la ASF… Cunden los malos ejemplos. Quizás para crearse su propio proceso de desafuero que lo convierta en el mártir social que en su momento sirvió a su exlíder moral, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard expropia predios sin ton ni son y alguien, o algunos, ya dicen que el actual jefe del GDF deberá enfrentar también una orden de desacato judicial.Peor aún, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) pone su granito de arena en el asunto y ya interpuso ante la PGR tres demandas en contra de Ebrard Casaubón a quien culpa de haber ordenado la demolición de 13 edificios históricos de los siglos XVIII y XIX, para reacomodar a los ambulantes expulsados del llamado “Perímetro A” del Centro Histórico.Ante ello, el Ministerio Público de la Federación inició las averiguaciones previas 227/UEIDAPL/LE/1/2207 y 228/UEIDAPL/LE/14/2007 por destruir los edificios de Argentina 95 A y de Meave 9, 9A, 11, 11A, 13 y 13A, respectivamente. Y dejó pendiente la integración de la averiguación por la demolición de los inmuebles ubicados en Plaza de la Santísima 5, Manzanares 18, Argentina 75, República del Salvador 184, Plaza del Estudiante 20, y Regina 97.La Coordinación Nacional de Monumentos Históricos previno que también se requiere investigar los argumentos usados por la administración local para modificar la causa de utilidad pública del edificio de Argentina, ya que este predio fue expropiado en 1994 por el entonces Departamento del Distrito Federal para construir un conjunto habitacional.Destaca que el artículo 52 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas,
Artísticas e Históricas establece que la destrucción de un monumento histórico se castiga con prisión de 2 a 10 años, y una multa hasta por el valor del daño causado. Bajo ese argumento, el INAH podría solicitar se construya una fachada, o se reconstruya el inmueble en su totalidad para resarcir el daño.Así las cosas, con base en la legalidad que desconoce, el gobierno capitalino no eludirá su responsabilidad por demoler estos edificios, porque el artículo 12 de la Ley sobre Monumentos establece que “las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, serán por cuenta del interesado”. O sea, al expropiar estos predios, el GDF se convirtió en el propietario de los mismos y, por ende, es responsable de haber destruido el patrimonio histórico del Distrito Federal”. Aunque nunca segundas partes fueron buenas ¿Será mera coincidencia?... Hasta la próxima y gracias por enviar sus comentarios.
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