Por Carlos García de Balzac

argonmexico.com.--Ante la política de abrir los espacios culturales a la iniciativa privada, para promover conciertos que deterioran las zonas culturales declaradas Patrimonio de la Humanidad por la ONU, como el que se intenta llevar al cabo en Yucatán con el cantante Placido Domingo, la dirigente de la Organización Nacional de Trabajadores Administrativos, Técnicos y Manuales (ONTATM), Rosa María Colín, rechazó tal posibilidad, al aseverar que trastocan la normatividad de la Ley de Monumentos y Recintos Históricos, para beneficio de particulares.

En rueda de prensa, y acompañada de Diana García, secretaria del Exterior de la Delegación 111-Sindical del INAH, la representante laboral de cerca de tres mil 200 trabajadores de base recordó que si bien, el pasado 13 de junio cerraron las taquillas del Museo Nacional de Antropología e Historia, para que los asistentes entraran gratis a dicho recinto cultural, no fue con el afán de promover sus destrucción, sino todo lo contrario, velar por la defensa del citado lugar.

Esto debido a que el director general del Museo, Alfonso de Maria y Campos, se había negado a la revisión del reglamento de la Ley Orgánica, para evaluar si la normatividad aún es permisible, o necesita adecuarse a las nuevas necesidades que con las actuales políticas públicas de rentar espacios culturales a particulares, ha traído consigo, como es la saturación de afluencia de visitantes a estos lugares, lo que afecta la conservación de los recintos.

Advierte que de no darse avances en las negociaciones, continuarían los plantones, paros de labores y hasta un paro nacional, si no se da la construcción de programas interinstitucionales, como la propuesta de Reglamento de la Ley Orgánica de 1992.

Adujo que desde 2004 y 2005, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto etiquetado para la creación del puesto "Profesionista en Gestión del Patrimonio Cultural", así como la ampliación de la jornada laboral y ocupación de puestos de mayor nivel salarial, por el desempeño en funciones.

Para el 2006, dijo, se logró detener junto con otros trabajadores de Cultura, la Ley de Sari Bermúdez y las reformas constitucionales a los artículos 23 y 72.

Subraya que desde hace cuatro administraciones, el INAH se ha venido deteriorando, afectando de tal manera, las funciones sustantivas que por ley tiene, encomendadas, e incluso los directores en turno han promovido políticas públicas privatizadoras, del Museo y Zonas Arqueológicas, por lo cual esta agrupación laboral trabaja otro aspecto: el proyecto de Fortalecimiento Institucional.

Y sostuvo que también la políticas públicas de adelgazamiento de la plantilla laboral, se ha visto recrudecida, no sólo con recorte de personal, sino con el congelamiento de plazas hasta el mes de febrero del 2009, por lo que las necesidades de operación del INAN siguen en aumento; como el derecho de escalafón, que también se ha frenado.

Añadió que ni los familiares de un trabajador puedan ocupar su plaza en caso de un deceso, lo cual se contrapone al discurso oficial de apoyo a la cultura en el actual sexenio.

Asimismo, detalló que son muchas las áreas donde hace falta contratar más personal, sobre todo en el rubro de Conservación; sin embargo, ante la falta de plazas, se observa una falta de interés en preservar el actual patrimonio cultural de nuestro País.

Concluyó al desmentir que la base trabajadora se lleve buena parte del presupuesto otorgado al INAH, pues tan sólo el gasto en honorarios de funcionarios y servicios, se lleva cerca del 60 por ciento, mientras que los trabajadores ocupan el restante, lo cual es a todas luces desigual.